El Bloque de Diputados Nacionales de la Coalición Cívica manifestó hoy su “más profundo repudio a la decisión adoptada por la Presidente, y que anunció Aníbal Fernández, de vetar el 82 % móvil a los jubilados”, al tiempo que sostuvo que “una vez más el Poder Ejecutivo le miente al pueblo cuando dice que no hay recursos para pagarles a nuestros mayores porque a lo largo de todo el debate quedó claro que el financiamiento está. Ya no pueden sostener la careta de progresistas”.“Este veto desnuda la verdadera concepción de un gobierno que privilegia los negociados de los empresarios amigos y los funcionarios antes que el bienestar y la justicia para los argentinos”, agregaron y anunciaron que “si la Presidente veta la Ley, vamos a insistir desde el Parlamento. Tarde o temprano el 82% va a ser una realidad".
Para la Coalición Cívica "vetar la ley del 82 por ciento móvil es un golpe injustificado a los jubilados, la Presidente, para pagar la deuda, usa hasta las reservas del Banco Central y jamás argumentó que no había fondos”.
Para la bancada opositora es claro que “Tanto en el debate de Diputados como en el Senado, demostramos que el proyecto es viable, que hay recursos suficientes para hacer una inversión que ponga justicia a millones de jubilados".
"El gobierno nacional parece más interesado en rechazar de plano cualquier propuesta superadora de la oposición que en encontrar soluciones concretas al problema de la pobreza y de la mala distribución del ingreso”, sostuvo la Coalición Cívica.
La bancada, que a través de la diputada Fernanda Reyes fue una de las impulsoras de la Ley, detalló que “Es una de las leyes más importantes sancionadas por el Congreso en los últimos años ya que garantiza que el Estado cumpla con el derecho básico universal establecido en la Constitución a una jubilación digna y constituye un acto de justicia y un paso fundamental para saldar la deuda histórica que el Estado tiene con los jubilados”.
La ley sancionada anoche en el Senado contempla la elevación de las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, la recomposición de los haberes congelados hasta 2006, según lo establecido por la Corte Suprema en los fallos Badaro y Sánchez, y la actualización de las jubilaciones de acuerdo al índice de salarios.
