Más de 150 efectivos de Infantería y de la Policía Montada
En el momento de los incidentes se hicieron presentes Cristina “Pochi” González, concejal y presidente de nuestro partido y la consejera escolar, Lic. María Julieta París Duprat, además de miembros de la juventud. También concurrieron varios de los concejales del Interbloque del Acuerdo Cívico y Social, todos ellos con la intención de resguardar la integridad física de los jóvenes que acampaban en los terrenos del Paseo de la Costa , de forma pacífica.
Estos gravísimos hechos tuvieron como consecuencia la detención de varios vecinos, un abogado ambientalista y el concejal Gustavo Debenedetti, todos ellos trasladados a la Comisaría 5° InterBalnearia, en carácter de “demorados por resistencia a la autoridad”. Horas mas tarde fueron liberados.
Con este hecho, no sólo se han atacado una vez más a quienes se oponen a un proyecto de elevado costo monetario (54.000.000 $), pero estéril a la hora de aliviar el agobiante caudal de tránsito que recorre la zona, ya que el oficialismo pretende que los automóviles particulares ingresen por la Avenida del Libertador, a la altura de la calle Laprida, y tenga salida a la misma sólo unas pocas cuadras después. Nuestra concejal, Cristina González, expuso ante los medios el ilícito acatamiento de las fuerzas policiales a la orden de desalojo emanada de un Juez de Faltas, empleado del municipio -y del Intendente Enrique García- quien no posee la facultad de exigir el cumplimiento de semejante acción También se refirió al flagrante quebrantamiento de los fueros que gozan los Concejales al no poder ser detenidos o demorados sin una orden procedente de un Juez, en caso que existiese semiplena prueba de haber consumado algún delito.
Hemos asistido a las marchas de desagravio subsiguientes -incluída la de este jueves 18- realizadas por todo el arco que conforman los sectores sociales, políticos y vecinales que se oponen al megaproyecto inmobiliario que –en sociedad con el Poder Ejecutivo Municipal- pretende despojar de terrenos de uso público para beneficio de inversionistas privados inescrupulosos que hace años maniobran a espaldas de los vecinos (y de las leyes nacionales y provinciales), a favor de sus propios intereses económicos, en detrimento de las verdaderas necesidades de nuestro distrito. El costo político y moral de semejante desprecio por las reglas mínimas de convivencia democrática sin lugar a dudas será pagado en las urnas y en el juicio de conciencias que nuestra sociedad -en su conjunto- le reclamarán al titular del Ejecutivo Municipal, Enrique García.
