La Coalición Cívica sostiene que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya abre hoy la posibilidad de retomar ese camino, poniendo los intereses comunes y la voluntad de integración por encima de cualquier disputa entre pueblos hermanos.El respeto del derecho internacional y de las más elementales normas civiles obliga a nuestro país a aceptar las decisiones de la Corte a la que se dirigió para que fallara en la materia y a respetar el derecho de gentes, que incluye el libre tránsito entre nuestros países. Pero aún más importante es la fundamental lección que ambos pueblos hemos recibido acerca de los costos de la falta de integración y de las carencias institucionales de un bloque que lleva ya casi quince años de existencia pero que carece aún de cortes efectivas de justicia y de un verdadero parlamento, y por lo tanto, de una legislación ambiental común y de tribunales que medien en caso de conflicto entre los miembros.
En este sentido, la Coalición Cívica propone hacer de esta crisis una oportunidad para reforzar la institucionalidad regional, y se pronuncia a favor de la creación de una Agencia Ambiental del Mercosur integrada por parlamentarios y expertos de todos sus estados-miembro, y con participación y auditoría de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa del medio ambiente. Esta Agencia Ambiental debería fijar los estándares ambientales que la empresa Botnia debe respetar, los que debieran ajustarse como mínimo a los que se aplican en la Unión Europea, monitorear su cumplimiento y extender en el corto plazo esta regulación a todas las pasteras de la zona. Sucesivamente, la agencia debería ser el organismo encargado de elaborar y sancionar una legislación ambiental regional común que evite el dumping ecológico entre sus países y brinde soluciones a la polución de sus ríos y océanos, la contaminación en sus grandes ciudades, la deforestación incontrolada y demás problemas ambientales regionales.
La Agencia Ambiental del Mercosur podría tener un rol decisivo en la transformación del PARLASUR en un verdadero parlamento, con elección directa de sus representantes, funcionamiento permanente y delegación progresiva de potestades legislativas.
Finalmente, la Coalición Cívica apoya la lucha ambiental de las comunidades afectadas, siempre que se haga por vías legales y pacíficas, y rechaza y condena toda política de doble estandar, ya sea cuando consiste en la degradación de los estándares ambientales en los países periféricos por parte de empresas multinacionales como cuando se intenta dar lecciones de ambientalismo desde un gobierno, el de Cristina Kirchner, que pretende hacer de ecologista en territorio uruguayo pero en el propio veta la ley de glaciares, no da soluciones al problema del Riachuelo y sigue permitiendo desmontes incontrolados, como el que causó el aluvión en Tartagal.
